Hace un mes fueron filtrados por Greenpeace, algunos de los documentos sobre el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, en castellano, Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión) que evidencian, una vez más, cómo este tratado de libre comercio es un duro golpe a nuestras democracias y una forma de alterar todas las facetas de nuestras vidas, la forma en que vivimos y trabajamos.
El TTIP no es sólo un acuerdo o ‘lucha de intereses’ entre EEUU y la UE, es el secuestro de las instituciones por parte de los grandes fondos de inversión y comerciales.
Como trabajadores, profundizaremos en la pérdida de derechos laborales, ya que la legislación actual, que ya está degradada, se armonizará con la estadounidense, donde no existen los derechos sindicales ni de negociación colectiva, donde no conocen las normas más elementales de protección al trabajador.
Los servicios sociales se convertirán en producto de consumo para las empresas privadas, las grandes multinacionales consideran derechos esenciales como la salud un goloso negocio. Dejaremos de ser ciudadanos con derechos para convertirnos en clientes, unos con dinero, y acceso a la salud, y otros sin él.
Cientos de productos químicos que no están permitidos en la UE tendrán las puertas abiertas. Con la eliminación del Principio de Precaución, podrán ser comercializados productos vegetales y carne tratados bajo procedimientos que hoy están terminantemente prohibidos en la UE, como ciertas hormonas, transgénicos, ganado clonado, pollo clorado o fitosanitarios.
El TTIP puede suponer un desastre para el tejido agrícola de nuestra región. La Unión Europea es el destino del 75,38% de las exportaciones murcianas. Aun aceptando que algunas empresas, y sólo algunas, las más grandes, pudieran vender algo más en EEUU, ¿qué precio tendrían que pagar el resto de nuestros agricultores? La industria agrícola estadounidense es considerada la más eficiente del mundo. Sus terrenos son, de media, trece veces mayores que los europeos, altamente mecanizados (con la ventaja de disfrutar de un precio del gasóleo notablemente inferior al español) y gozan de un dominio mundial que viene en parte dado por dos siglos de proteccionismo. Hay muy pocas empresas españolas que puedan competir con los gigantes estadounidenses en su propio terreno; sin embargo, la amenaza de que la competencia haga caer los precios en el mercado español y europeo afectará a todas y cada una de las empresas murcianas. Es evidente que si el mercado europeo se ve inundado de productos norteamericanos, mucho más baratos, y producidos mediante unas técnicas radicalmente diferentes a las nuestras, los agricultores de la región tendrán dos opciones: dejar el negocio o bajar los precios aún más hasta poder ser competidores. Ya hay precedentes de algo así, en Méjico, con el NAFTA
El TTIP afectaría también a nuestras Denominaciones de Origen. Estados Unidos quiere la desprotección comercial en estos casos, de modo que pueda producir y vender libremente vino de Jumilla o arroz bajo el nombre de Calasparra.
El TTIP atenta contra los intereses de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Este ha sido el veredicto de la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español (CIAE) tras estudiar el contenido de las filtraciones.
El TTIP también incluye un mecanismo que permite a las empresas extranjeras demandar a los Estados cuando éstos legislen y dicha legislación obstaculice el beneficio económico de la empresa. En ese momento se crea una corte ‘ad-hoc’ para decidir sobre el caso, formado por tres árbitros privados, pertenecientes en la mayoría de los casos a uno de los diez bufetes legales más importantes e influyentes del mundo, y que suelen ser al mismo tiempo asesores legales de las grandes multinacionales. Este mecanismo ya existe en numerosos tratados comerciales bilaterales, y tenemos muchos ejemplos de lo que puede llegar a pasar (ejemplos: Veolia contra Egipto o Vatenfall contra Alemania). No queremos que haya que indemnizar a nadie si decidimos aumentar el salario mínimo, o prohibir el fracking, o cerrar nucleares, o mejorar las exigencias medioambientales en nuestro país.
El TTIP prohíbe, entre otras cosas, que los municipios tomen decisiones para favorecer la compra pública a empresas locales, sostenibles, pymes o sectores sensibles. Tenemos la obligación de trabajar para nuestro municipio, y para ello debemos mantener la libertad de decidir dónde ponemos el dinero que es de todos.
Para terminar, y lo más inadmisible, es que debemos rechazar cualquier tratado que esté siendo negociado a nuestras espaldas. El TTIP es paradigma de la opacidad, el oscurantismo y la falta de información. Esa intención evidente de ocultarnos el contenido de este tratado sólo demuestra que tienen miedo a la opinión pública. Gracias a las filtraciones hoy tenemos claro lo que antes algunos llamaban suposiciones. El TTIP es una aberración sobre el papel, pero en la práctica supone abrir una caja de pandora con consecuencias difíciles de predecir.
Ya son muchos los municipios de nuestro alrededor que han dicho no al TTIP (Calasparra, Moratalla, Caravaca de la Cruz, Mula, Totana, Cieza, Cartagena,…) y ahora Bullas se une a este rechazo, en defensa de nuestros agricultores y ganaderos, nuestras pymes locales, los servicios públicos, los derechos de los trabajadores y los consumidores, el medioambiente y la propia democracia.
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