Los concejales del grupo municipal de Ciudadanos en Calasparra han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia por un presunto delito económico que vendría produciéndose desde el año 1999 y que podría haber supuesto un perjuicio para las arcas locales de cerca de 100.000 euros.

Según el portavoz del grupo municipal de C’s en Calasparra, Jesús Alajarín, «en base a los documentos que hemos aportado a la fiscalía, dede 1999 -cuando accedió a la alcaldía el actual diputado regional Jesús Navarro Jiménez- y hasta hoy mismo, los concejales liberados del PSOE de Calasparra han cobrado y siguen cobrando por su asistencia a los órganos colegiados -pleno y juntas de gobierno-, algo prohibido por la Ley de Bases de Régimen Local».

La normativa, que entró en vigor en 1985, especifica en su artículo 75.3 que «solo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma». La denuncia por tanto, es por los presuntos delitos de malversación, financiación ilegal y apropiación indebida, y fue interpuesta el pasado día 18 de julio.

Sin embargo, y tras comprobar numerosas actas de Pleno, liquidaciones de partidos políticos y presupuestos, Ciudadanos en Calasparra considera que los ediles socialistas pudieron recibir unos 100.000 euros aproximadamente, no pudiendo conocer la totalidad de los cobros debido a la falta de concreción de las actas del Ayuntamiento. «Además, habría que investigar los plenos y juntas de gobierno que no se han celebrado o a las que ha faltado algún miembro de la corporación, pero sí se han cobrado», señala Alajarín quién también matiza que su grupo municipal sí ha devuelto a la hacienda local el importe de tres plenos que nunca se llegaron a celebrar.

Desde el grupo municipal de C’s también se advierte que «hay que comprobar los justificantes de los gastos de representación de los ediles liberados y de los partidos políticos, puesto que nunca se les ha pedido justificación de dichos gastos, por lo que la cifra podría ascender a más de 600.000 euros». 

‘Ciudadanos’ Calasparra pedirá además la convocatoria de un pleno extraordinario para solicitar la apertura de una comisión de investigación con el fin de conocer el alcance total de lo sustraído de manera presuntamente ilegal.

En el momento del inicio de los presuntos delitos, era concejal de hacienda el actual alcalde, José Vélez, mientras que el alcalde, Jesús Navarro habría estado cobrando por asistencia a órganos municipales incluso siendo diputado regional en la anterior legislatura, donde compatibilizó dicho cargo con la alcaldía hasta septiembre de 2014, causa por la cual la denuncia se presenta ante la fiscalía del TSJ.

Desde Ciudadanos Calasparra se recuerda que en la actual legislatura hay cuatro liberados a tiempo completo, que según se desprende de la documentación aportada a la Fiscalía también habrían cobrado por asistencia a los órganos colegiados de manera presuntamente ilegal, e incluso sin haber asistido a dichas reuniones o sin haberse celebrado. Alajarín ha recordado «que uno de los liberados es el concejal de IU Ricardo García, que ha permitido con su apoyo que se siga produciendo este grave perjuicio de las arcas municipales».

Desde Ciudadanos se exige la inmediata dimisión de todos los concejales liberados del equipo de gobierno de la actual legislatura (incluído el alcalde José Vélez), así como del diputado regional Jesús Navarro «por el grave perjuicio económico causado de manera ininterrumpida y a sabiendas al municipio desde 1999 hasta hoy». Ciudadanos recuerda, además, que el actual primer edil ya tiene una sentencia irrecurrible del TSJ por vulneración de derechos fundamentales, «un motivo más para exigir su inmediata dimisión como alcalde».

En un medio regional, el alcalde de Calasparra, José Vélez, ha asegurado que la denuncia «no me pilla de sorpresa y emprenderé acciones legales contra C’s Calasparra».