Según el portavoz del grupo municipal, José Francisco García, se trata de una propuesta «ambiciosa y muy beneficiosa para la economía Caravaca y la convivencia vecinal».

Sobre las ordenanzas fiscales, que es el paquete más amplio de medidas propuestas por el PP, destaca la eliminación de la tasa de licencia de apertura de nuevos negocios o bien por mejora o ampliación de los mismos; disminución de la tasa por ocupación de la vía pública con sillas, mesas y terrazas en un 30% y promover una ordenanza adecuada a la realidad y que controle de forma rigurosa la estética de las terrazas instaladas en la vía pública.

Para incentivar la economía turística, apuestan por rebajar el 50% del IBI a los establecimientos hoteleros que acrediten su apertura durante el Año Jubilar 2017; promover bonificaciones del 20%, hasta 4 años siguientes a su apertura para el comercio minorista y la hostelería, y con bonificaciones de hasta el 50% si la actividad es declarada de especial interés por la creación de empleo.

García ha explicado que «en el caso de casco antiguo y Barrio Nuevo proponemos, además de lo anterior, una bonificación del 50% en el impuesto de construcciones y obras para aquellos negocios que acometan reformas de modernización, bonificación del 50% para obras de adaptación a discapacitados y personas mayores, así como para incorporar instalaciones de energía solar para autoconsumo. Igualmente, una bonificación del 50% del impuesto de construcciones, instalaciones y obras para reformas y mejoras en inmuebles situados en casco antiguo, barrios altos y pedanías, a fin de fijar la población a zonas rurales y mantener diversos barrios de Caravaca habitados. Así se conseguiría un significativo aumento en la iniciativa de nuevos emprendedores y autónomos a fin de seguir aumentando el tejido productivo de nuestra localidad y aumentar el número de personas empleadas».

En cuanto a fomentar la inclusión de personas en riesgo de exclusión social al mercado laboral, la moción pide laborar una ordenanza que regule la inclusión de aspectos sociales en los contratos municipales, a fin de que las empresas que trabajan para la administración generen empleos dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión social. También se pretende que se dé preferencia a sociedades comprometidas con el medio ambiente, la igualdad, la conciliación y los derechos sociales. 

Finalmente, el portavoz popular ha hecho especial hincapié en la propuesta de ordenanza reguladora del consumo de alcohol en la vía pública, ante el fenómeno social del botellón. «No podemos mirar para otro lado, y es necesario que se adopten todo tipo de medidas que van desde la concienciación y educación hasta la creación de una Ordenanza que lo regule. Es necesaria la realización de campañas sobre el consumo responsable de alcohol y convivencia cívica y social, poniendo el acento en lo dañina que es la práctica del botellón».

 García ha añadido que «en esta lucha contra el botellón deben involucrarse todos los agentes sociales implicados, como centros escolares, academias, clubes deportivos, asociaciones juveniles, vecinales, Ampas, Policía Local, autoridades sanitarias, etc. Se debe priorizar la política preventiva en relación a niños y jóvenes, sin olvidar que solo a través de la sensibilización de la población sobre las consecuencias del uso y abuso de un consumo desmedido del alcohol cabe un cambio de comportamiento social».