El pasado 2 de febrero presentamos en sociedad las propuestas que a través de nuestro senador Fulgencio Gil queremos hacer llegar a la recién creada Subcomisión de Educación.

Sin duda vivimos un momento fascinante desde el punto de vista educativo y por fin se vislumbra en el horizonte el tan anhelado pacto por la educación que dé estabilidad a un sistema educativo consensuado por todos los partidos políticos de nuestro país.

El actual ministro, Iñigo Méndez de Vigo, creó por este motivo la Subcomisión de Educación, en la que se encuentran representados todos los grupos políticos y ha abierto un espacio de diálogo para debatir encima de la mesa todas las propuestas que mejoren la calidad de nuestra educación.

Con el objeto de poner nuestro grano de arena nos pusimos a trabajar desde el Partido Popular de Caravaca y trasladamos a nuestro senador 32 propuestas que a nuestro juicio, pueden ayudar a mejorar la educación en nuestro país. Estas aportaciones, mejoradas con los comentarios de padres y docentes que asistieron al Foro de Educación organizado por nuestro partido en Caravaca, se articulan en torno a 13 temáticas que paso a continuación a explicarlas sintéticamente.

La primera arista a abordar será sobre el ‘entramado curricular’. Es de vital importancia que la estructura curricular sea duradera y cuyos elementos (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares y competencias clave) sean comunes a todas las comunidades autónomas. El modelo por estándares es positivo, define claramente qué se espera conseguir de nuestros estudiantes en cada nivel educativo y debe asentarse definitivamente en la cultura educativa de nuestro país. Si bien es cierto que este modelo es positivo, los estándares de aprendizaje evaluables deben ser reducidos y dotados de mayor apertura y flexibilidad y faciliten al profesorado su evaluación.

Otro problema lo encontramos en la falta de unificación de propuestas curriculares entre comunidades autónomas. Es necesario unificar los elementos curriculares en un alto porcentaje entre las comunidades y preservar el derecho de profesores, padres y alumnos a una igualdad de oportunidades que facilite la movilidad de los alumnos dentro de nuestro territorio.

Por último, dentro de este apartado, pensamos muy conveniente la necesidad de testear la nueva ley de educación y su desarrollo normativo durante un año en una muestra de centros a nivel nacional con el objetivo de evitar futuros errores, muy difíciles de corregir una vez que el calendario de implantación diera comienzo.

La segunda temática sería sobre la organización escolar. Vemos muy beneficiosa la regulación del primer ciclo de Infantil, al igual que pasa en segundo ciclo, por parte de la administración educativa. También es fundamental la coordinación entre etapas educativas (Infantil, Primaria y Secundaria), estrechando lazos entre profesores y metodologías.

Sería conveniente reducir el número de materias en las etapas de Secundaria y Bachillerato e imprescindible que el desarrollo curricular de las materias deba estar en consonancia con el horario de las mismas. Debemos poner sobre la mesa el incremento de horas semanales a la materia de Educación Física como medida para reducir los datos alarmantes de obesidad infantil en nuestro país y la generación de hábitos saludables que disminuyan su prevalencia.

Programas específicos como el ‘PMAR’ deben extenderse hasta cuarto curso de la etapa, favoreciendo la obtención del título de graduado en secundaria obligatoria. Debemos igualar las tasas de titulación de nuestro entorno europeo. Y por último, seguir incentivando la formación profesional, modalidades como la FP dual acercan de manera definitiva el mercado laboral a la educación.

En tercer lugar, sobre las metodologías activas, es muy importante saber qué deben aprender nuestros alumnos, pero aún más, el cómo tienen que aprender esa materia y usar sus contenidos en el siglo XXI. La nueva normativa debe dejar bien claro los beneficios del uso de las mismas y abogar por su aplicación diaria en nuestras aulas. Ligado totalmente a lo anterior, las nuevas tecnologías. Debe mejorarse la conexión en los centros y el mantenimiento de estos recursos para poder aprovechar al máximo las oportunidades de aprendizaje que generan.

Un cuarto eje fundamental es establecer una nueva ley de acceso a la función pública docente. En primer lugar, debemos buscar un sistema que premie a los docentes más implicados y formados en su tarea, es decir, una carrera profesional basada en los principios de mérito y capacidad. Otro aspecto clave es la revisión en profundidad del sistema de acceso a la función pública docente. El temario necesita de una actualización y la fase de oposición debe preservar el mayor grado de objetividad posible. Y por último, una vez que se ha instaurado el grado en todas las carreras universitarias conducentes al mundo educativo, parece lógico el caminar hacia la equiparación de los salarios entre todas las categorías docentes, independientemente de la etapa educativa donde realicen su trabajo.

En cuanto al papel de las editoriales, deben ser aliados de esta nueva apuesta metodológica creando entornos de aprendizaje virtual e incentivar a los centros a que opten por ese camino y comiencen a dejar de lado al libro tradicional.

Otro aspecto fundamental que ocupa un lugar importante en el panorama educativo son las evaluaciones externas. Se precisa de una revisión del actual marco general para reducir el número de estándares a evaluar. Sus resultados debieran servir, no tanto para establecer comparaciones entre centros, sino para elaborar un plan de mejora del centro (PAMCE) que corrija las carencias detectadas y en ningún caso condicionen la obtención de la titulación correspondiente.

Se debe seguir aumentando la autonomía de los centros, sobre todo, en su gestión pedagógica. En ‘atención a la diversidad’, los recursos humanos asignados a estos alumnos no deben depender del tipo de discapacidad sino de las características personales de cada alumno, sin olvidar a los alumnos de altas capacidades y no desaprovechar su talento.

De vital importancia es mejorar el modelo de formación inicial en las universidades. Seguir conexionando la realidad escolar con los planes de estudios  y también fundamental que aquellas carreras que pueden conducir al mundo de la docencia en la etapa de Secundaria y Bachillerato como Matemáticas, Química, etc…cuenten con unas asignaturas optativas que formen a los universitarios en el campo de la didáctica y la pedagogía.

En materia de modelos de gestión de calidad, podemos hablar de tres aspectos. La adopción de cartas de servicio por parte de los centros educativos, mediante los cuales se explicitan y difunden los servicios que se prestan, los derechos de los ciudadanos y usuarios en relación a los mismos, los compromisos de eficacia, eficiencia y calidad asumidos por los centros educativos en su prestación. Implantar una cultura educativa basada en el benchlearning (aprendizaje comparativo) y benchmarking (evaluación comparativa), que tiene por objetivo aprender de aquellos que hacen algo mejor. Y tercero, también los centros directivos de las consejerías de Educación han de estar certificadas y evaluadas en algún sistema de gestión de calidad.

En cuanto a las becas de ayuda al estudio en los niveles obligatorios, fomentar la creación de ‘bancos de libros’ en los centros y avanzar hacia la gratuidad de libros sostenible.

Por desgracia, estamos viviendo recientemente episodios de convivencia escolar muy triste y penosos. En este sentido debemos adoptar de forma urgente medidas que protejan el derecho de los alumnos a recibir una educación normalizada y de calidad; dotar al profesorado y a los centros de instrumentos legales rápidos y eficaces para evitar faltas de disciplina; y por último, hacer cómplices y responsabilizar a las familias de la conducta de sus hijas a través de las oportunas sanciones administrativas.

Y para terminar, la inspección educativa debe potenciar su labor consultiva y de apoyo pedagógico y organizativo en los centros docentes.

Hasta aquí quedan resumidas las 32 propuestas que llegaran hasta la subcomisión encargada de hacer realidad un deseo de toda la sociedad española que clama por un pacto nacional en la educación que dé estabilidad a nuestro sistema educativo y potencie y desarrolle nuestro mercado laboral. Sin duda, una ocasión histórica de llegar a acuerdos y en la que todos debemos tener la altura de miras y la responsabilidad de dejar a un lado intereses políticos para trabajar juntos y trazar un itinerario educativo libre de vaivenes políticos, duradero y consistente.