Izquierda Unida de cehegín ha publicado una nota de prensa en la que «resaltamos la cobardía de José Soria, que  dimite como concejal de este ayuntamiento para evitarse el bochorno mediático y político  de escuchar en los próximos plenos  municipales las recriminaciones del resto de la corporación municipal por sus años de desgobierno y de gestión desastrosa, y le exigimos que renuncie de manera inmediata a su aforamiento parlamentario y presente su dimisión como diputado regional y asumiendo de una vez, todas y cada una de las consecuencias de su desastrosa gestión con el Auditorio».

«El municipio de Cehegín se enteraba la pasada semana de la  voluntad de José Soria, portavoz del PP en el ayuntamiento de la localidadde entregar su acta de concejal y abandonar la vida  política en este municipio y dedicarse exclusivamente a su actividad como parlamentario regional».

«Posiblemente esta decisión no ha sorprendido a nadie, simplemente porque esto es la crónica de una  investigación anunciada desde hace muchos años y en la que en IU de Cehegín ya denunciaba  públicamente la desastrosa gestión de José Soria en sus años como alcalde de la localidad y sus particulares formas de hacer las cosas. Todos recordamos algunas de sus ‘memorables’ palabras cuando IU le reprochaba su forma despótica y autoritaria de gastar el dinero público y el se defendía argumentando que su equipo de gobierno no despilfarraba  el dinero, solo ‘gestionaba de otra manera’. Pues esa manera de gestionar tan particular comienza a pasarle factura ahora, no solo política sino también judicialmente».

«El pasado mes de marzo, Agentes del Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía, se presentaron en el Ayuntamiento de la Cehegín para reclamar toda la información existente sobre la primera fase de las obras del Auditorio».

 «Hace unos días saltaba de nuevo a los distintos medios de comunicación que la Fiscalía ha presentado en el Juzgado de Instrucción  de Caravaca una denuncia contra José Soria, alcalde de Cehegín entre los años 2003-2015, al ver indicios para su posible imputación por parte del juzgado de instrucción, derivados de su gestión al frente  de la construcción del citado auditorio y que según la fiscal pudo haber incurrido en el incumplimiento de las normas esenciales reguladas en la Ley de Contratos, expresando grandes dudas, incluso, sobre la legalidad de los pagos efectuados al propio arquitecto del proyecto, por la ejecución de la obra».