El Partido Popular de Cehegín publica una nota de prensa en la que exigimos al alcalde, José Rafael Rocamora, dé explicaciones detalladas sobre el expediente de contratación de dos empresas para la limpieza de los colegios ‘Conde de Campillos’ y ‘Pérez Villanueva’, ya que de la investigación realizada y del análisis de los expedientes por parte de los servicios jurídicos del Partido Popular, se desprende que el ayuntamiento puede haber incurrido en delito de prevaricación, al haber fraccionado el contrato y adjudicado a dos empresas vinculadas, eludiendo así el proceso de libre concurrencia con el objetivo de darle estos contratos a una empresa determinada».

Según los ‘populares’ cehegineros «hay indicios que apuntan a que existe utilización de personas jurídicas vinculadas, con el ánimo de ocultar la realidad, esto es, que se le han adjudicado los servicios al mismo empresario. Así mismo, se elude la aplicación del procedimiento de contratación legalmente establecido para propiciar una adjudicación directa a favor de una empresa predeterminada por criterios ajenos a los legales».

Aseguran que «en esta ocasión no estamos hablando de conductas reprobables y muy poco éticas, que también tendrían que tener sus responsabilidades políticas, como las de concejal Ismael Abellán en la grabación que se conoció hace unos meses donde reconocía que daba los contratos a dedo, sino de algo mucho más grave, ya que se está poniendo encima de la mesa la posible comisión de un delito. En sendas resoluciones de alcaldía, se adjudica a dos empresas, distintas pero vinculadas entre sí, ya que el administrador de una de ellas lo fue de las dos hasta ceder la administración de una a un familiar directo, los contratos de limpieza de los colegios Conde de Campillos y Pérez Villanueva por 14.999,00 € más IVA, importe justo en el límite que marca la ley de contratos para la formalización de contratos menores, fijados en 15.000,00 €».

Y añaden que «lamentablemente cada vez nos sorprende menos la forma de actuar de este equipo de gobierno pero en esta ocasión hay otro asunto que llama especialmente la atención y es que las resoluciones se hayan hecho actuando como Secretaria General Accidental del Ayuntamiento una funcionaria sin formación jurídica vinculada al PSOE y al equipo de gobierno, Miriam Oñate, que fuera secretaria personal del alcalde socialista Pedro Abellán y madre del que hasta hace unos meses era asesor de comunicación del ayuntamiento, José María López Oñate, que también está pendiente de que la justicia dictamine si fue legal el contrato que le adjudicó el ayuntamiento para prestar sus servicios».

Desde el Partido Popular de Cehegín finalizan solicitando al alcalde que «aclare a los cehegineros los intereses que han les han movido a él y su concejal de Obras y Servicios, Ismael Abellán, a urdir esta trama para adjudicar estos contratos a una determinada empresa eludiendo la aplicación el procedimiento de contratación legalmente aplicable».