La Guardia Civil detiene a una persona en Bullas dentro de una operación que ha puesto al descubierto una trama dedicada al cobro fraudulento de prestaciones por desempleo y ayuda familiar, con 130 ciudadanos implicados en la misma. Las estafas, valoradas en cerca de un millón de euros, perjudican tanto a la Tesorería de la Seguridad Social como al Instituto Nacional de Empleo. A través dos empresas, una de ellas ficticia, se conseguía que numerosas personas obtuvieran prestaciones públicas relacionadas con todo tipo de subsidios, incluida la  incapacidad temporal y maternidad, entre otras. Y es que previo pago de 100 euros se ofertaban los contratos laborales a particulares con la finalidad de que éstos obtuvieran las correspondientes prestaciones económicas

La operación ‘Tributo’ de la Guardia Civil, en el marco ‘Plan Integral de Lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social y Hacienda’, se ha desarrollado en la Región de Murcia y en otras provincias, donde se ha desmantelado la red. A los delitos se les imputan contra la seguridad social, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició a principios del 2014, cuando la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia detectó unas prácticas irregulares en dos empresas de la localidad de Torre Pacheco, por una posible defraudación en masa mediante la simulación de relaciones laborales para el acceso a prestaciones públicas. Asimismo, se detectó que estas mercantiles habían generado un fraude a la Seguridad Social constitutivo de delito, por lo que esta información fue puesta en conocimiento de la Guardia Civil para su investigación.

Por tal motivo, la Guardia Civil centró sus investigaciones en averiguar la composición, localización, actividades y relaciones comerciales de ambas empresas para establecer el patrón de actuación y el grado de implicación en los supuestos delitos. Fruto de las investigaciones, los agentes localizaron a una persona en el citado municipio que había creado una empresa legalmente constituida y otra ficticia para formalizar los contratos irregulares.

La primera mercantil, que supuestamente aparentaba actividad, se dedicaba al comercio al por mayor de frutas y verduras, para lo que disponía de un centro de trabajo y, además, contaba con una cartera de clientes y proveedores. En cuanto a la segunda mercantil, carecía de sede social, clientes o proveedores, lo que manifestaba su supuesta utilización como ‘pantalla’ para la práctica de actividades ilícitas. Asimismo, los investigadores pudieron determinar que al frente de la segunda empresa aparecía una persona vinculada al primer investigado que actuaba a modo de ‘testaferro’.

Posteriormente, los agentes descubrieron que tras estas supuestas actividades comerciales existía un entramado en el se facilitaban, previo pago de 100 euros, contratos laborales a particulares con la finalidad de que éstos obtuvieran las correspondientes prestaciones económicas derivadas de tal actividad laboral inexistente. El precio para la tramitación irregular de estos contratos se elevaba dependiendo de las necesidades de cotización que los particulares requerían para alcanzar sus pretensiones.

En concreto, se ha puesto de manifiesto que estos trámites administrativos fraudulentos eran gestionados a través de una gestoría laboral de Torre Pacheco. Posteriormente, los agentes de la investigación descubrieron que dichas empresas acumulaban más de 400.000 euros de deuda por el impago de impuestos.

Una vez recabada toda la información obtenida a través de la Tesorería General de la Seguridad Social en Murcia (vidas laborales, relaciones de afiliación y datos económicos de la Administración Tributaria), la Guardia Civil identifico a un elevado número de personas, residentes en distintas provincias españolas, que se beneficiaban de ayudas estatales obtenidas irregularmente a través de las empresas investigadas.

Entre los 130 detenidos se encuentran el cabecilla de la organización –de 38 años y vecino de Torre Pacheco–, que cuenta con numerosos antecedentes por delitos de estafa, y otras dos personas, vecinas también del mismo municipio, relacionadas con la gestión irregular de la documentación a través de una asesoría laboral.

La investigación ha determinado que entre los detenidos predominan las relaciones familiares, de amistad o vecindad, ya que la posibilidad de obtener una pensión, del tipo que fuera, a cambio de una pequeña cantidad de dinero, se fue extendiendo mediante el ‘boca a boca’.

En la Región de Murcia han sido detenidas 116 personas de nacionalidad española. Las detenciones se han practicado en Cartagena (26), Águilas (24), San Javier (21), Torre Pacheco (19), San Pedro del Pinatar (13), Fuente Álamo (8), Los Alcázares (2), Molina de Segura (1), Mazarrón (1) y la ya referida en Bullas. En la provincia de Alicante han sido detenidas 5 personas; 3 en Ciudad Real; 1 en Córdoba; 1 en Almería; 1 en Albacete; 1 en Valencia; 1 en A Coruña; y 1 en Madrid. Los detenidos, las diligencias y la documentación obtenida han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier.