El alcalde de Cehegín, José Rafael Rocamora, ha comparecido ante los medios de comunicación, acompañado de su edil de personal, Joaquín López Carreño,  para despejar todas las dudas sobre el proceso relativo a la contratación de los conserjes el pasado año, y tras el cual el ayuntamiento ha sido condenado por un juez de lo Laboral, a indemnizar con 50.000 euros a los tres ordenanzas que venían desempeñando esa labor años atrás y que, en el último proceso selectivo celebrado en 2015, no fueron seleccionados.

En una nota de prensa publicada posteriormente, el alcalde ha recordado el inicio de la vinculación laboral de los tres conserjes con el ayuntamiento, «que se remonta al año 1996 cuando una persona que se constituye en empresa, contrata a estas tres personas mencionadas. Cuando llega el año 2005, esta persona renuncia a ese contrato y, a su vez, los que actuaban de conserjes dejan de hacerlo».

«Es entonces cuando el Ayuntamiento de Cehegín decide contratarlas de forma temporal para el año 2005-2006. Termina de nuevo el curso y finaliza su contrato. En el año 2006-2007, el consistorio pide al SEF que le envíe a tres personas que cumplan los requisitos para actuar de conserjes en los centro educativos. Y el SEF manda a estas tres mismas personas. Así sucesivamente, año a tras año, hasta el año 2013, en el que se vuelve a repetir esta operación, esto es, el ayuntamiento solicita al SEF unos conserjes y el SEF, manda siempre a los mismos, casualmente».

«En el curso 2013-2014, señala José Rafael Rocamora, el secretario general del ayuntamiento, hace ver al antiguo equipo de gobierno del Partido Popular que este tipo de selección de personal no es totalmente ajustada a ley y que es conveniente que se realice una dando la publicidad preceptiva.Por tanto, a partir de ese momento se realizan unas bases de personal, que adolecen de publicidad, a las que se presentan siete personas, y en la que vuelven a salir los mismos tres conserjes».

«En el año 2014-2015, añade el alcalde de Cehegín, se vuelve a repetir la misma operación, es decir, se vuelven a sacar otras bases, ocultas, sin difusión, a las que se presentan 75 personas y en las que, casualmente y de nuevo, vuelven a salir los mimos tres conserjes. Se llega al año 2015, con un nuevo del PSOE y es cuando se decide erradicar esta pantomima y no ser cómplices de esta farsa y realizar unas bases en las que primara el principio de transparencia y revestir el proceso para que a los aspirantes se les pudiera tener en cuenta la capacidad, y sobre todo, los criterios sociales. A este proceso se presentaron 123 personas y las tres que fueron elegidas no fueron las que venían siéndolo».

El alcalde también afirma que «a raíz de que estas personas que venían siendo elegidas no salen esta vez deciden defender sus derechos adquiridos ante los tribunales y el juez declara improcedente el despido, dándose cuenta que estos señores venían siendo contratados de forma irregular con anterioridad al hacerles una serie de contrataciones temporales, en vez de cubrir el puesto de forma fija. Sentencia que, por no pisotear los derechos de los trabajadores, este ayuntamiento no va a recurrir.»

José Rafael Rocamora asegura que «nos enfrentábamos a esta tesitura: o hacíamos una farsa de proceso selectivo, como se venía haciendo, para que estos así no recurrieran a la justicia, o hacíamos un proceso equitativo aunque estas tres personas, si no salían elegidas, se pudieran ir a los tribunales. Decidimos, con todas las consecuencias, lo segundo. Y lo volveríamos a hacer».

El primer edil también formulado una pregunta: «¿qué hubiera pasado, por ejemplo, en el año 2013-2014, si estas tres personas en su proceso selectivo, no hubieran salido elegidas? Hubiera dicho exactamente lo mismo la justicia, como ahora. El gobierno anterior pasó de esto y que lo denunciaran en los tribunales y siguieron manteniendo este  comportamiento».

Por eso ha hecho un llamamiento al anterior equipo de gobierno que «ha contribuido a esta irregularidad y que ahora realiza una rueda de prensa asombrosa llena de pura demagogia, dando lecciones de algo que no hizo cuando pudo hacerlo. En un tema éste, como el de los conserjes de los centros educativos, que es una competencia impropia de los ayuntamientos, que debería pagar la comunidad, como hace con los del instituto».

Por último, José Rafael Rocamora, ha dicho que «hay que zanjar esta polémica y centrarse en otros muchos problemas que tiene nuestro municipio, como ese lastre que acumula nuestro ayuntamiento, por la deuda heredada del anterior equipo del Partido Popular, y que supone que tengamos que pagar, un millón y medio de euros al año, debido a ésta, de los 12 millones, que engloban el presupuesto anual municipal».