La Guardia Civil investiga a 4 vecinos de Bullas y Cehegín -3 hombres y una mujer españoles, con edades comprendidas entre los 40 y los 52 años- dentro de la operación ‘SEQUÍA’ por sustraer agua de forma ilegal del cauce del río Quípar y del Arroyo del Chaparral. Están acusados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por instalar una bomba para extraer, sin autorización, aguas terrestres y subterráneas.  

Las primeras pesquisas se desarrollaron en torno a este máquina, instalada para la extracción de los recursos del río Quípar, con el objetivo de descubrir todo su recorrido e identificar a sus responsables. Además se contactó con la Guardería Fluvial para verificar la existencia de autorizaciones que permitan la instalación y uso de dispositivos como el hallado, verificando la carencia de cualquier tipo de autorización de uso de bombas extractoras de agua en la zona.

Además, la Guardería Fluvial informó a la Guardia Civil de una segunda bomba extractora de agua instalada en el nacimiento natural del barranco de Arroyo del Chaparral, en una zona próxima a la encontrada inicialmente y que también carecía de la preceptiva autorización, por lo que se continuó con la operación con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a sus responsables.

La primera de las máquinas abastecía en exclusiva una plantación de melocotoneros de una familia del municipio. La segunda era utilizada en una heredad de agua, de la que sería presidente una de las personas relacionadas con la colocación y uso de la primera bomba extractora.

 

El SEPRONA también ha contado con la colaboración de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente –Servio de Sanidad Vegetal– de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), para la valoración de los daños causados en la cuenca pública, que elaboró unos informes técnicos en los que se ponía de manifiesto que la captación ilegal detectada en el cauce del río Quípar rondaría, al menos, los 20.000 metros cúbicos de agua.

En el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el Real Decreto 356/2015, prorrogado por el Real Decreto 335/2016, declara la declaración de sequía con un grave déficit de recursos en la cuenca del Segura.

Debido a situaciones como la actual, con escasas precipitaciones en los últimos años, no es extraño que prolifere la instalación de mecanismos extractores de agua de cauces públicos, acrecentando el mal estado de ríos y nacimientos naturales que, sin un control adecuado, pueden llegar a causar graves prejuicios en la naturaleza.

El delito contra los recursos naturales y el medio ambiente –captación ilegal de aguas terrestres y subterráneas– se encuentra recogido en el vigente Código Penal que lo define como «el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, realice directa o indirectamente captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales en la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o animales o plantas, y es castigado con penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años, si las conductas anteriores pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales».

Los investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz (Murcia).