El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia ha aprobado hoy, viernes 17 de abril, el Decreto de Declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), así como el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de la Red Natura 2000, ambos referidos a la zona del Noroeste de la Región de Murcia. Las diez ZEC de la comarca son las Sierras y Vega Alta del Segura y ríos Alhárabe y Moratalla; Revolcadores; Sierra de Villafuerte; Sierra de la Muela; Sierra del Gavilán; Casa Alta-Salinas; Sierra de la Lavia; Cuerda de la Serrata; Rambla de la Rogativa; y Río Quípar.
Tanto la descripción de los límites de las ZEC como la información de los hábitats y las especies por los que se declaró esta figura de protección se recogen en dicho plan gestor, que recoge, asimismo, las cuatro zonas especiales de protección de aves (ZEPA) designadas en la zona del Noroeste, que son las áreas de La Sierra de Mojantes; Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán; Sierra de Moratalla; y Sierra de Burete, Lavia y Cambrón. El Plan del Noroeste supone la ordenación de una superficie de 100.172 hectáreas, de las que el 765 tiene carácter natural, y el resto agrícola, fundamentalmente extensivo.
Así, comprende los municipios de Calasparra, Cieza, Moratalla, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Mula, Bullas, Abarán, Lorca y Ricote. El Plan de Gestión regula los valores de la biodiversidad, con 32 tipos de hábitats de interés comunitario, de los 48 que hay en la Región, y 31 especies de interés comunitario.
El Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 persigue el mantenimiento o reestablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies silvestres de la fauna y la flora de interés comunitario establecido en las directivas europeas. Para ello, se tienen en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades locales y regionales.
Asimismo, el documento tiene por finalidad asegurar en las ZEPA la supervivencia y reproducción en su área de distribución de las especies de aves, tanto las recogidas en la Directiva de aves como las migratorias no contempladas en él, con el objetivo de garantizar la biodiversidad.
El Plan de Gestión recoge, entre otros aspectos, las directrices generales y específicas para orientar las actividades económicas y sociales; las normas y limitaciones de usos o actividades con repercusión en la conservación de las zonas protegidas; y las acciones comunes y específicas diseñadas para mejorar o restablecer el estado de los elementos de conservación.
Los territorios que han de protegerse se dividen en cuatro zonas diferenciadas para su gestión en función de los objetivos a perseguir. Los espacios son zona de reserva; zona de conservación prioritaria; zona de uso agrario y zona de núcleo rural. Las medidas de gestión y conservación que se pongan en marcha en estos territorios serán responsabilidad de las administraciones con competencias en Medio Ambiente.
En cuanto a la gestión integral de las diez ZEC aprobadas y las cuatro ZEPA, ésta corresponderá al órgano gestor Red Natura 2000, que será el encargado de la coordinación técnica y jurídica para la consecución de los objetivos. Además, se creará una Comisión en la que participarán administraciones locales, regionales y estatales, organizaciones agrarias y empresariales, universidades y propietarios de fincas afectadas, entre otros.
Entre las claves respecto al texto inicial, según fuentes del Gobierno regional, es que se da mayor seguridad jurídica a todos los propietarios y afectados territorialmente; no se prohíbe ninguna actividad preexistente y se incorporan mecanismos con medidas para adecuar a los espacios y acciones que sean medioambientalmente más sostenibles.
Entre otras medidas, se retiran los corredores ecológicos y las áreas de amortiguación del plan de gestión, lo que ha restado un 42% de la superficie identificada inicialmente. Asimismo, se eliminan las prohibiciones y se intensifican los incentivos en la zona del Llano del Cagitán, que pasa ser en su totalidad área de uso agrario.
También se eliminan la mayoría de las prohibiciones relacionadas con la actividad agrícola y ganadera y se resuelven las cuestiones demandadas por el sector, en relación con la declaración de necrófagas, mayor flexibilidad en los cambios de cultivo, entre otros aspectos. Además, se sustituye en muchos casos el procedimiento de autorización por el de comunicación previa, con lo que se incrementan los supuestos de silencio positivo y se otorga una mayor agilidad en los trámites y una reducción de las cargas administrativas.
Este Plan de Gestión facilitará también la obtención de licencias de las actividades y usos compatibles, y supondrá una inversión inicial mínima real de 30 millones de euros para la ejecución de las acciones del Plan.
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