La Guardia Civil de la Región ha desarrollado en Cehegín la operación ‘Atalayas’ que se ha saldado con la desarticulación de un grupo delictivo, integrado por seis personas, que presuntamente habrían gestionado de forma ilícita hasta 50 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos como fibrocemento con amianto. A tres de ellas, propietarias de la empresa que realizó el transporte y vertido del amianto, se les ha instruido diligencias como presuntas autoras de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, delito contra los derechos de los trabajadores y delito de pertenencia a organización criminal. A los otros tres investigados, ex trabajadores de la empresa, se les ha instruido diligencias como presuntos autores de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y delito de pertenencia a organización criminal.

Las actuaciones se iniciaron a finales del pasado año gracias a la colaboración ciudadana. Los supuestos hechos delictivos tuvieron lugar en un almacén ubicado en el casco urbano ceheginero, en el que se encontraba más de una decena de personas cargando y trasladando residuos de amianto en dos camiones de gran capacidad, para verterlos en un paraje del municipio.

Los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Benemérita tomaron las riendas de la investigación y se trasladaron rápidamente a las instalaciones donde, al parecer, se habían vertido los residuos. Una vez en el lugar, los guardias civiles comprobaron que se había realizado un gran movimiento de tierras en una escombrera de un paraje perteneciente a una mercantil.

Los agentes realizaron una exhaustiva inspección técnico-ocular y tomaron muestras del material depositado en el terreno, que fueron remitidas al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para su análisis y la elaboración del correspondiente informe pericial.

Durante las primeras actuaciones, los especialistas del SEPRONA también inspeccionaron el almacén en el que supuestamente se había realizado la carga y posterior transporte de los residuos tóxicos, donde se verificaron los hechos y se comprobó que los residuos habían sido demolidos por su propietario ‘in situ’.

Los efectivos de la Benemérita también constataron que las instalaciones desde las que se cargó el amianto, así como las instalaciones a las que trasladaron y enterraron los residuos, pertenecen a una misma mercantil, aunque actualmente el paraje utilizado como vertedero se encontraba arrendado a una segunda empresa que desconocía las actividades ilícitas investigadas.

En el vertedero clandestino, los guardias civiles acotaron y precintaron toda la zona en la que se efectuó el vertido y posterior enterramiento del amianto. Los efectivos del SEPRONA también paralizaron la utilización de la escombrera.

El informe analítico de las muestras recogidas por la patrulla del SEPRONA confirmó que los restos trasladados desde el almacén hasta el vertedero clandestino contenían fibrocemento del tipo amianto crisotilo y crocidolita. En diciembre de 2001, España prohibió la comercialización y la utilización de crisotilo (amianto blanco), el único tipo que todavía seguía siendo utilizado en España.

Durante el desarrollo de la operación la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Caravaca de la Cruz ha constatado que, en los trabajos realizados de carga, transporte, vertido y posterior enterramiento del supuesto amianto participaron una quincena de obreros y verificaron que estos trabajos se realizaron sin contar con una empresa especializada y sin ningún tipo de medida de protección.