Los miembros de la Plataforma Cuenca del Segura Libre de ‘Fracking’ reconocieron la pasada semana en Cehegín, con motivo de la charla-coloquio programada para concienciar sobre la necesidad de luchar contra esta técnica de extracción de gas, la importancia de incidir más sobre el sector agrícola de la comarca del Noroeste, en su conjunto, para que se implique más en la lucha contra los proyectos programados en el interior de la Región de Murcia, ya que «sería, sin duda, uno de los más perjudicados en caso de que éstos se pongan en marcha».

Hubo una mención especial «al silencio que se ha mantenido hasta ahora desde el Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Bullas, recordando que dentro de la actividad vitivinícola, de las tres denominaciones de origen regionales, la única que aún no se ha pronunciado contra esta aberrante práctica ha sido ésta». Y se recordó que Jumilla y Yecla, hace meses que mostraron su oposición públicamente. A su vez, añadieron que existen otras denominaciones de origen, como Arroz de Calasparra, cuyo consejo regulador, tampoco ha dicho nada.

Antes de la ponencia de José Antonio Herrera, coordinador de la plataforma contra el ‘fracking’ y miembro de Ecologistas en Acción, se visionó el documental ‘Fractura, la maldición de los recursos», cuyo contenido fue ampliamente comentado durante el debate.

Muchas de las intervenciones, según informan los organizadores del acto, versaron en torno a los permisos de investigación en el área del Noroeste, tanto desde el punto de vista de la legalidad que los contempla, «llena de lagunas de toda índole», así como desde la perspectiva de los peores augurios que podría acarrear a los habitantes y al Medio Ambiente su puesta en marcha.

Se incidió, especialmente, en «la falta de transparencia con la que se gestan dichos permisos, tanto en su origen, como en su desarrollo posterior». De hecho, se hizo hincapié en que de los escritos dirigidos a los diferentes ayuntamientos cuyos municipios están afectados, demandando información, se han recibido respuestas sólo de siete de ellos, «todas ambiguas y redactadas en tonos alejados de las cuestiones que se les planteaban», aseguran. Y se citó el caso concreto de Cehegín, «donde ni siquiera se ha recibido respuesta alguna», tras varios meses transcurridos desde que se presentase la solicitud.