La muerte, hecho consustancial al ser humano, nos hace siempre reflexionar. Su venida, bien sea repentina o esperada, invita a balances serenos y a valoraciones que suelen conjugar una visión objetiva con el filtro subjetivo de recuerdos y emociones. Cuando la muerte afecta a personajes de la esfera pública, cuyas vidas han trascendido lo estrictamente privado, estas valoraciones se multiplican, se diversifican y llegan a grandes ámbitos de la sociedad.

En el plano de la política y de personas que han ostentado altas responsabilidades de gobierno, en estas últimas semanas nos han dejado dos personas con muchas diferencias: Rita Barberá y Fidel Castro. Vaya por delante que sería demagogia o necedad querer establecer el más mínimo paralelismo entre estas dos figuras. Ni por edad, ni por contexto físico, social y político, ni por ideología… Poco tienen en común en sus trayectorias la que fuera alcaldesa de Valencia y el que fuera líder de la revolución cubana y presidente de este país, más allá de que ambos han dedicado buena parte de sus vidas a la política, aunque entendida ésta de manera diametralmente opuesta.

La desaparición de ambos personajes en tan corto espacio de tiempo ha servido para evidenciar, una vez más, cómo de asentada está en España la doble vara de medir. Lejos de hacer una valoración de la trayectoria política de ambas personas que ni me corresponde ni es el objeto de estas líneas, sí es de justicia poner de relieve que mientras una persona demócrata, elegida libremente por los valencianos como su alcaldesa con varias mayorías absolutas ha sido tratada poco menos que de apestada por muchos medios de comunicación y representantes y líderes políticos españoles, un dictador con miles de asesinados a sus espaldas y un país casi en la ruina económica ha merecido paralelamente los más encendidos elogios por parte de esos mismos medios y políticos.

El linchamiento mediático al que fue sometida Rita Barberá durante los últimos meses de su vida nos debe hacer reflexionar a todos sobre la judicialización de la vida política y la desaparición de la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental que establece y garantiza la Constitución Española de 1978. Centrándonos en nuestro entorno más inmediato, seguro que encontramos similitudes entre este acoso que convirtió en un calvario los últimos días de la alcaldesa de Valencia y la persecución a la que se han visto sometidos representantes de nuestra administración local. También en Caravaca sabemos qué es este linchamiento público a los políticos que, lejos de buscar justicia en toda la extensión de su palabra, busca dañar y aniquilar en una deshumanización completa. Porque, claro que quién cometa un delito y un error debe pagar por ellos, pero también se deben exigir que el respeto y la dignidad nunca hagan perder el rumbo de los acontecimientos.

La utilización de la corrupción como agitador social es un hecho evidente en nuestro país. La muerte de la que fue alcaldesa de Valencia abre un debate sobre los excesos que se están cometiendo en la pugna política y la consecuencia que supone la merma de calidad democrática a causa del sectarismo político y los excesos mediáticos. No se mide de la misma forma ni se exige la misma ejemplaridad pública a todos los políticos. Las condenas preventivas no deben formar parte de una democracia sana. La presunción de inocencia es un principio que debe protegerse, porque el linchamiento de políticos como modo de alimentar y satisfacer ansias de una justicia social sin garantías no es compatible con un estado de derecho.

Los medios de comunicación deben informar con independencia y rigor, debe ser una tarea obligatoria y no así la manipulación, el acoso y la mofa, acogida en  una interpretación de la libertad de expresión excesiva.

En definitiva, la extrema izquierda y también parte de la izquierda política, cultural y mediática de nuestro país, ha logrado imponer unas reglas de juego sostenidas por cimientos de pura demagogia que es inasumible y que se ha tragado el centro político, la derecha y la socialdemocracia en nuestro país. Entendemos que los ciudadanos estén, estemos, hasta el gorro de los desmanes y abusos de ciertos políticos, pero siempre debemos saber y respetar que las sentencias las dicta el poder judicial.